Asesinatos, disturbios en cárceles y terror en las calles sacuden a un país plagado por la violencia del crimen organizado.
Ecuador se encuentra sumido en una crisis de seguridad que se ha intensificado de cara a las próximas elecciones presidenciales del 20 de agosto.
Mientras la violencia armada irrumpe en la campaña electoral, la seguridad se ha convertido en el tema central del debate político.
“Ecuador es el país con el mayor aumento de homicidios en América Latina”, comenta Carla Álvarez, investigadora y docente especializada en temas de seguridad.
En medio de un alarmante derramamiento de sangre, los ecuatorianos están cansados de contar muertos. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes ha aumentado en más de un 300% en los últimos siete años y la población vive con la incertidumbre de lo que le puede deparar el destino al cruzar la puerta de su casa.
Uno de los últimos actos violentos de gran impacto en el país fue el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, emboscado por criminales que lo acribillaron en la calle.
A este acto de violencia política se suman las cientos de víctimas desconocidas que han perdido la vida desde que Ecuador se convirtió en un punto clave de la ruta de la cocaína desde Sudamérica hacia el resto del mundo.
El gobierno de Ecuador declaró esta semana el estado de excepción en todas las cárceles del país tras una serie de graves disturbios que comenzaron en el centro penitenciario Litoral y que han dejado al menos 31 muertos.
“Hemos hablado sobre la violencia en el país con una académica que ha investigado a fondo la crisis de seguridad en Ecuador.
Ecuador no estaba en el radar como un importante centro de operación del crimen organizado, pero el recrudecimiento de la violencia en las cárceles y en las calles ha vuelto a poner el foco de atención en el país, cuando faltan pocas semanas para las elecciones. ¿Cuándo comenzó esta ola de violencia?
Si se puede poner una fecha, podríamos hablar de febrero de 2018, cuando se produjo un ataque a un cuartel policial en la frontera norte. Al mes siguiente, unos periodistas que estaban investigando el atentado fueron secuestrados y terminaron muertos a manos de un guerrillero colombiano.
Este ataque ocurrió poco después de que asumiera la presidencia Lenin Moreno, quien anunció un cambio de rumbo para equilibrar las finanzas públicas mediante una reducción del Estado.
Entonces, desarticuló todo el aparato institucional de seguridad. Desapareció el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de manejar las cárceles.
Desapareció la Secretaría de Drogas y todas las políticas sobre este tema quedaron en manos de la policía. Se puso fin al diseño institucional de la seguridad porque era costoso, y el ataque al cuartel policial dejó en evidencia que no había capacidades estatales para reaccionar.
Y esa política fue mantenida y radicalizada por el gobierno de Guillermo Lasso.
Entonces, lo que vemos es que la reducción del gasto estatal está detrás del aumento de la violencia.
Pero también había violencia antes…
No es que Ecuador fuera una isla de paz, pero en pocos años se ha convertido en un infierno porque desmantelaron el sistema de seguridad, lo desfinanciaron.
¿Cuánto aumentó el crimen?
Pasamos de 5,8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2017 a 14 muertes en 2021.
El problema es que después subió mucho más cuando Guillermo Lasso llegó al gobierno, aumentando de 14 muertes a 25 [por cada 100,000].
Es decir, si miramos los últimos años, entre 2017 y 2022, los homicidios aumentaron más de 300%.
Otra cosa importante es que el 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Y en abril de este año se emitió un decreto permitiendo que la sociedad civil porte armas casi libremente.
Usted habla de la importancia de aumentar el gasto público en el sistema de seguridad, pero el gobierno argumenta que ha destinado recursos para combatir el crimen…
De todo el dinero que se le asignó al actual gobierno para invertir en seguridad, apenas gastó el 8% del total. Eso es una gestión ineficiente de los recursos, es una gestión paupérrima.
¿Por qué no se invirtió el otro 92% que ya estaba asignado? No se invierte en seguridad, mientras la policía no tiene equipos suficientes, no tiene patrulleros, no tiene chalecos antibala, no tiene municiones suficientes. Las Fuerzas Armadas tampoco tienen el equipamiento necesario. Las cárceles están en ruinas.
La justicia tampoco funciona. Aquí es muy rentable cometer un crimen porque no recibes sanción, el delito no va a ser judicializado. La judicialización en Ecuador no llega al 25% de los casos. El país es como tierra de nadie porque no hay justicia.
