El candidato Daniel Noboa y las propuestas sobre seguridad del plan de gobierno

Noboa plantea políticas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema judicial y un programa de participación comunitaria.
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Establecer una estrategia nacional de ciberseguridad tanto al sector público como al privado, fortalecer la capacitación de la Policía Nacional y la creación de programas educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos son algunas de las propuestas del candidato presidencial Daniel Noboa, que está en segunda vuelta electoral.

Con el 100 % de las actas escrutadas Noboa alcanzó el 23,47 % de aceptación, que son 2′315.296 votos y gana en seis provincias.

A continuación se detallan sus propuestas en el plan de gobierno:

  • Programa de desarrollo socioeconómico inclusivo: programa enfocado en la creación de oportunidades de empleo, mejora de la calidad de la educación, y el acceso a servicios básicos. A través de la reducción de la pobreza y la desigualdad, se espera disminuir los factores de riesgo que conducen a la violencia.
  • Reforma del sistema judicial y policial: políticas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema judicial, y fortalecer la capacitación de los oficiales de policía en técnicas de resolución pacífica de conflictos. Además, el desarrollo de programas de rehabilitación para reclusos para reducir las tasas de reincidencia.
  • Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad: se introducirán medidas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, incluyendo auditorías regulares, la implementación de un código de conducta estricto y la creación de mecanismos de quejas ciudadanas.
  • Programa de participación comunitaria: fomentar la creación de programas de vigilancia comunitaria y la denuncia ciudadana. Además, abrir espacios para el diálogo y la resolución de conflictos a nivel local, reforzando así la cohesión social y la confianza en las instituciones.
  • Educación para la paz: trabajar con las escuelas y las familias para promover la educación en valores, el respeto y la tolerancia desde la infancia. Crear programas educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
  • Prevención del crimen a través de diseño urbano: implementar medidas de seguridad basadas en el diseño urbano puede contribuir a la prevención del delito. Esto incluye mejor iluminación en las calles, parques seguros y espacios públicos bien mantenidos.
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“Este plan de trabajo plurianual para presidente y vicepresidente de la República enfocado en la seguridad ciudadana reconoce que la reducción de la violencia no se logra únicamente a través de medidas punitivas, sino mediante una combinación de intervenciones sociales, económicas, educativas y de seguridad pública. Con un enfoque integral y proactivo, es posible construir un Ecuador más seguro y pacífico”, dice el documento.

Ciberseguridad

  • Programa de desarrollo socioeconómico inclusivo y alfabetización digital: a las estrategias de desarrollo socioeconómico existentes se les añadirá un componente de alfabetización digital. Este enfoque tiene el objetivo de mejorar las habilidades digitales de la población, haciéndola menos susceptible a delitos cibernéticos y fraudes en línea.
  • Reforma del sistema judicial y policial: implementar capacitaciones y recursos para que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad puedan enfrentar y prevenir los delitos cibernéticos. Esto incluye la creación de unidades especializadas en ciberseguridad y la inclusión de la seguridad de la información en los programas de formación policial.
  • Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad y protección de datos: se plantean regulaciones estrictas para proteger los datos personales recogidos por estas instituciones, a fin de prevenir brechas de seguridad y garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos.
  • Programa de participación comunitaria y concienciación sobre ciberseguridad: proporcionar recursos y realizar campañas de concienciación para informar al público sobre cómo protegerse de los delitos cibernéticos. Además, de promover programas de denuncia ciudadana de actividades sospechosas en línea.
  • Educación para la paz y la ciberseguridad: complementar iniciativas educativas existentes con contenido sobre seguridad digital y ciberseguridad, educando a las generaciones futuras en la protección de su información personal y en comportamientos seguros en línea.
  • Estrategia nacional de ciberseguridad: establecer una estrategia nacional de ciberseguridad que abarque tanto al sector público como al privado. Esta estrategia incluirá medidas para proteger la infraestructura crítica del país, prevenir los delitos cibernéticos y responder eficazmente en caso de incidentes de ciberseguridad.

“Este plan de trabajo plurianual para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador integral busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en todos los aspectos de sus vidas, tanto en el espacio físico como en el digital. A través de la educación, la reforma institucional y la implementación de medidas proactivas de ciberseguridad, es posible construir un Ecuador seguro, resiliente y preparado para los desafíos del siglo XXI”, indica el documento.

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Sistema penitenciario

  • Reforma judicial y procesal: un alto porcentaje de detenidos en prisión preventiva sugiere un sistema judicial lento y posiblemente ineficaz. Es crucial acelerar los procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y justo. Esto incluirá la contratación de más personal judicial, la implementación de tecnologías que agilicen el proceso y la revisión de las políticas de prisión preventiva.
  • Inversión en infraestructura penitenciaria: los centros de detención sobrepoblados y en mal estado pueden fomentar la violencia y dificultar la rehabilitación. Es necesario invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, garantizando la seguridad, la higiene y el respeto a los derechos humanos.
  • Fortalecimiento de programas de rehabilitación y reinserción: implementar programas efectivos de rehabilitación dentro de las prisiones es esencial para reducir la violencia y preparar a los reclusos para su reintegración a la sociedad. Estos programas incluirán capacitación vocacional, educación, terapia y otras actividades productivas.
  • Mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario: la falta de control sobre los centros de detención sugiere una necesidad de mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. Esto incluirá la formación en técnicas de resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y gestión de crisis.
  • Transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario: es esencial implementar medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Esto incluirá auditorías regulares, el establecimiento de mecanismos de quejas para los reclusos y la supervisión independiente de las condiciones de los centros de detención.

“Se propondrá una reforma al Código Orgánico Integral Penal con el objetivo de mejorar la situación de los procesados sin sentencia y los delincuentes no violentos, quienes a menudo sufren las consecuencias de un sistema penitenciario con múltiples falencias”, señala el documento.

  • Potenciar la mejora de los programas que norman y regulan las medidas alternativas a la prisión preventiva: la prisión preventiva debería ser el último recurso y usada solamente cuando sea absolutamente necesario. Para los acusados que aún no han sido condenados y representan un bajo riesgo, se deberían contemplar medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad, la prohibición de salir del país o la obligación de permanecer en un lugar determinado.
  • Fomentar la consolidación y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos establecidos en la norma penal: para los delincuentes no violentos, se deben promover penas alternativas a la privación de libertad, como trabajo comunitario, multas, restitución a las víctimas, programas de rehabilitación y tratamiento para la dependencia de sustancias. Esto puede reducir la sobrepoblación en las prisiones y permitir que los infractores se rehabiliten y reintegren en la sociedad de manera más efectiva.
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“La crisis en el sistema penitenciario es un problema serio que requiere un enfoque holístico. Solo a través de una combinación de reformas judiciales, mejoras en la infraestructura penitenciaria, programas de rehabilitación, formación del personal penitenciario y medidas de transparencia y ciberseguridad podrá el país resolver esta crisis y crear un sistema penitenciario más justo, efectivo y respetuoso con los derechos humanos”, dice el documento. (I)

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