Proteger a las víctimas, restituir las asambleas comunitarias de seguridad y prevenir el crimen con políticas y programas de prevención del delito son algunos de los planteamientos en materia de seguridad de la candidata a la Presidencia, Luisa González, que va a la segunda vuelta por el movimiento Revolución Ciudadana.
González, con el 100 % de las actas válidas escrutadas, logró 33,61 % de votos válidos, lo que significa 3,3 millones de sufragios. La candidata lidera en catorce provincias: siete de la Costa, cuatro de la Sierra y tres de la Amazonía, de acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las propuestas de González se dividen por subtemas como ciudadanía en paz, lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Son un poco más de 50 planteamientos, que según los expertos, son generalistas y tienen similitudes con las de otros excandidatos mencionados durante sus campañas.
Estas son algunas de sus propuestas, presentes en su plan de gobierno:
Ciudadanía en paz
- Restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos.
- Reestructurar los Ministerios del Interior y de Gobierno y depurar a las filas de las fuerzas de seguridad.
- Establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos.
- Retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas.
- Prevenir el crimen con políticas y programas de prevención del delito.
- Mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito. Fortalecer los sistemas de aplicación de la ley y de justicia penal para mejorar la capacidad de investigación, recolección de pruebas y persecución de los delincuentes, garantizando así una respuesta efectiva y oportuna ante el crimen.
- Promover la cooperación y el intercambio de información sobre actividades criminales y patrones delictivos, entre las instituciones encargadas de la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de prevenir y combatir eficazmente el crimen transnacional y organizado.
- Reducir la impunidad, garantizando que los delincuentes sean llevados ante la justicia y que se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias a sus acciones. Esto incluye fortalecer los sistemas judiciales y penitenciarios, asegurando juicios justos y transparentes, así como implementar medidas efectivas para prevenir la corrupción y la impunidad.
- Proteger a las víctimas, asegurar la reparación y la rehabilitación. Brindar apoyo y protección integral a las víctimas del crimen, asegurando que tengan acceso a servicios de apoyo emocional, asistencia legal y atención médica. Además, promover programas de rehabilitación y reinserción social para las víctimas que lo requieran.
- Desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología. Utilizar herramientas tecnológicas y análisis de datos para identificar patrones delictivos, anticipar tendencias criminales y fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante el crimen.
- Restituir las Asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial.
- Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos como alternativas a la violencia, fomentando el diálogo y la construcción de consensos en la sociedad.
- Sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en materia de seguridad, promoviendo una cultura de corresponsabilidad en la prevención y la solución de los problemas de seguridad.
- Desarrollar el deporte, la música, las actividades de promoción de la igualdad de género, cultura de paz y el combate al machismo y a la violencia.
Ciudadanía con seguridad
- Fortalecer los mecanismos de convivencia en los barrios, la solidaridad entre vecinos y el control por la seguridad.
- Establecer un sistema de formación en derechos humanos para la fuerza pública y guías del sistema penitenciario.
- Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso a las FF.AA. y la policía.
- Establecer políticas y mecanismos para que las FF.AA. y la policía cumplan su rol de defensa y protección de los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía. Tolerancia 0 con el uso excesivo de la fuerza, la represión de la legítima protesta y el terrorismo de Estado.
- Garantizar la protección de los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos en todas las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad.
- Fomentar la prevención del delito y la violencia a través de programas y políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.
- Fortalecer las capacidades y la formación de las fuerzas de seguridad para que puedan responder de manera eficaz y respetuosa a los desafios de seguridad, utilizando métodos basados en el respeto a los derechos humanos y en la aplicación de la ley de manera imparcial.
- Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso en las escuelas de la Policía Nacional y guías penitenciarios.
- Impulsar una campaña nacional de renovación (dignificación) de la Policía Nacional como protectora de la población civil, en favor del Buen Vivir, la convivencia pacífica de la ciudadanía y de la defensa de la naturaleza.
- Actualizar sueldos y salarios de la Policía acordes a la inflación y la realidad económica del país.
- Realizar un programa intensivo para el crecimiento de la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
- Fortalecer y/o crear unidades especializadas sobre lavado de activos, ciberdelitos, tráfico de migrantes, trata, protección de la infancia.
- Fortalecer la equidad de género dentro de la Institución, con la creación de una Unidad de Mujeres Policías para la prevención, seguimiento e investigación de Feminicidios, Trata de personas con fines de explotación sexual y violencia contra la mujer.
- Fomentar la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones encargadas de la seguridad, así como con otros actores relevantes, como organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, para abordar de manera integral los desafios de seguridad.
- Establecer programas de rehabilitación y reinserción social para aquellos que han cometido delitos, fomentando su reintegración en la sociedad y evitando su reincidencia.
Lucha contra la corrupción y el crimen organizado
- Acordar un pacto ético de toda la sociedad para fortalecer nuestros principios de convivencia social guiados por el bien común.
- Promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y apoyo a su sanción justa y socialmente efectiva.
- Fortalecer los marcos legales y regulatorios. Establecer normas sólidas que penalicen la corrupción y el crimen organizado, y promover su cumplimiento efectivo. Esto implica mejorar la legislación existente, cerrar lagunas legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas.
- Promover legislación para sancionar las prácticas de “puertas giratorias”, por la cual algunos políticos y funcionarios públicos pasan de sus cargos a los directorios de grandes empresas o se benefician de retribuciones en una y otra manera.
- Promover legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos para visibilizar y permitir control social sobre conflictos de intereses en sus decisiones de gobierno para favorecer ilegítimamente a sus promotores.
- Promover legislación para regular los lobbies transparentando su incidencia política.
- Fortalecer la transparencia del sistema de contratación pública.
- Eliminar los privilegios de los cargos electos, tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones (dietas, prebendas, etc.) como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus mandatos (pensiones especiales, etc.), de manera que sus derechos sean como los del resto de los trabajadores.
- Sensibilizar y educar a la sociedad. Realizar campañas de sensibilización y educación ciudadana para concienciar sobre los efectos negativos de la corrupción y el crimen organizado en la sociedad, y promover una cultura de honestidad, ética y denuncia de estos delitos. (I)
