Lo que en algún momento serviría para la construcción de una estructura petrolera, terminó como una pista de carreras automovilísticas ilegales. Es lo que sucede en El Aromo, provincia de Manabí, donde está ubicado el terreno de la inexistente Refinería del Pacífico.
En redes sociales se ha viralizado una serie de videos en los que se observa vehículos competir dentro de los caminos asfaltados del terreno, que tiene aproximadamente 513 hectáreas. Son las carreras conocidas popularmente como ‘piques’.
En TikTok hay varios clips en los que se evidencia autos de toda clase, público aclamando a los ‘pilotos’, drones grabando las competencias y sujetos con trofeos.
Según un reporte de Ecuavisa, el último evento se realizó el pasado domingo 24 de septiembre y no tuvo los permisos de la empresa liquidadora de la refinería que está a cargo de los predios.
“No hemos recibido ninguna solicitud formal de los organizadores, que no conozco en detalle quiénes son, ni tampoco del Municipio de Manta, ni de otra institución”, aseguró Carlos Wong Sion, liquidador de la Refinería del Pacífico.
La Policía manifestó al medio antes citado que solo ese domingo, estuvieron cerca de 500 personas.
La empresa liquidadora reveló que están cerrados dos de los tres caminos de acceso vehicular por motivos de seguridad. El único paso activo está resguardado por la Policía, con la que se llegó a un acuerdo para que el terreno sea utilizado como escuela de formación a cambio de vigilarlo.
No es la primera vez que se reportan hechos insólitos en ese lugar. Por ejemplo, en el 2019, las autoridades detectaron que se había establecido una pista clandestina desde donde operaban narcoavionetas.
Se estima que en la fallida Refinería del Pacífico se gastaron alrededor de 1.531 millones de dólares, pero lo único que quedó es un terreno aplanado. No obstante, el expresidente Rafael Correa mencionó en una entrevista de octubre del 2022, que solo se invirtió 300 millones.
Mientras que en agosto del 2021, la Contraloría General del Estado calculó una glosa solidaria para exfuncionarios públicos y una empresa accionista, lo que provocó al Estado un perjuicio por el valor de la responsabilidad civil de 1.223 millones de dólares.
