Ecuador inicia este lunes la decisiva semana de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2023 entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa cuando se cumplen dos meses del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, cuyo caso ha dado un nuevo giro con el asesinato múltiple dentro de la cárcel de siete de los trece procesados por el atentado.
Fue el 9 de agosto cuando Villavicencio fue acribillado al salir de un mitin electoral en Quito, y dos meses después de esa fatídica fecha la instrucción fiscal se cerró el domingo con una declaración de un testigo del caso que parece clave al revelar ante la Fiscalía quién fue el autor intelectual, después de que aparecieran muertos casi todos los autores materiales.
El pasado viernes, cuando se iba a cumplir el periodo dispuesto para la instrucción fiscal, se conoció la muerte de seis colombianos a los que se les consideraba presuntos ejecutores del atentado, junto a un séptimo hombre de la misma nacionalidad que fue abatido por la seguridad de Villavicencio en el lugar del crimen.
Los seis colombianos aparecieron aparentemente ahorcados en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, que es la cárcel más grande y violenta de Ecuador, con una docena de pabellones controlados por distintas bandas criminales, y de la que en principio iban a ser trasladados, pero este cambio de cárcel no se produjo y está bajo investigación de la Fiscalía.
Al día siguiente, el sábado, se conoció que en la cárcel de El Inca, de Quito, otro preso imputado en el mismo caso también había corrido la misma suerte.
Estas muertes de testimonios claves en la investigación provocó un remezón en la cúpula policial y una investigación a las autoridades del sistema carcelario de Ecuador.
Los crímenes de los presuntos asesinos se dieron también pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de cinco millones de dólares a quien diese información sobre el autor intelectual del crimen contra Villavicencio.
Desde un inicio la administración del presidente Joe Biden se ha volcado de lleno con la investigación al enviar a Quito un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que da asesoría a la Fiscalía, encargada de llevar adelante la investigación.
Los nexos de los colombianos en el asesinato de Villavicencio
Parecía que que el caso se esclarecería rápido cuando a las pocas horas del crimen de Fernando Villavicencio fueron detenidos los seis colombianos, pero el asesinato simultáneo de todos ellos dentro de la Penitenciaría del Litoral añade más complejidad.
En un inicio, las sospechas de haber ordenado el crimen se concentraron en Adolfo Macías “Fito”, el capo de Los Choneros, una de las bandas criminales más grandes y antiguas de Ecuador, a quien Villavicencio había señalado como el presunto remitente de las amenazas de muerte que denunció pocos días antes de su asesinato.
Sin embargo, el registro de los teléfonos móviles de los colombianos investigados por el crimen revelaron que algunas de sus últimas comunicaciones procedían de la cárcel de Latacunga, una prisión controlada por Los Lobos, enemigos de Los Choneros.
Así, cuando se cumplía un mes del asesinato, fueron detenidas otras siete personas, entre ellas cuatro que ya estaban presas en la cárcel de El Inca, y en la prisión de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito.
Caso Villavicencio: protección a los que siguen vivos
El resto de presos imputados en la investigación que siguen vivos ya fueron sacados de la cárcel de Cotopaxi y han sido trasladados a otro centro no revelado por las autoridades por motivos de seguridad.
Mientras, Christian Zurita, el colega de investigaciones periodísticas de Villavicencio que asumió su candidatura presidencial, rescató una denuncia presentada en abril contra cinco exasambleístas a los que acusaba de presuntamente planear un atentado en su contra, en el marco del juicio político que en esas fechas se desarrollaba contra el presidente Guillermo Lasso.
Los denunciados, un integrante del Partido Social Cristiano (PSC) y cuatro del correísmo, han rechazado enfáticamente esa acusación que consideran difamatoria.
Y tras la declaración el domingo del testigo que presuntamente reveló al autor intelectual, Zurita afirmó que este testimonio responsabilizó del crimen al “Gobierno de Correa”, una aseveración que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) considera malintencionada al salir a una semana de la segunda vuelta de las elecciones.
Si bien Villavicencio se había configurado como un acérrimo enemigo de Correa con sus denuncias sobre corrupción, el exmandatario ha rechazado desde un inicio cualquier vinculación por el crimen y lo atribuyó a un supuesto “complot de la derecha” para impedirles el triunfo en primera vuelta.
Para Correa, a tenor de algunas encuestas, el asesinato de Villavicencio impidió que su candidata, Luisa González, fuese presidenta en primera vuelta. Al final González deberá medirse en segunda vuelta a Noboa, en un balotaje donde los dos finalistas han manifestado su intención de esclarecer el crimen de Villavicencio.
