Esto ha empujado al Consejo de Ministros a que apruebe -en sesión del lunes 16 de octubre de 2023- un decreto legislativo que fortalece y la prevención y lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en ese país. Pero no solo eso. También plantea una sanción de hasta 30 años de cárcel por este delito.
El primero ministro, Alberto Otárola, explicó que esta iniciativa se dio en el marco de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana que ha otorgado el Congreso al Ejecutivo. La medida modifica el Código penal en la figura de robo agravado para incorporar el robo de equipos terminales móviles, informáticos y otros similares como agravante.
Pero la aplicación de la ley funcionará así:
Este hecho delictivo será sancionado con pena de 12 a 20 años. La pena será de 20 a 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.
Asimismo, se incorpora la modalidad de receptación, entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes. Está penado también comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM.
Mientras leías los párrafos anteriores, ya habían robado, al menos, tres celulares. Pues, según el dato proporcionado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), cada hora roban 198 celulares: tres en cada minuto o uno cada 20 segundos.
De febrero a julio de este año, el 12.2% de ciudadanos han sido víctimas de robo de dinero, cartera o celular, incluso en algunos casos con consecuencias fatales, en Perú.
