En agosto pasado, la Contraloría inició un examen especial a la Prefectura de Pichincha sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en dos informes realizados entre 2020 y 2022, sobre la contratación de personal en la administración de Paola Pabón Caranqui.
Según el documento de esa entidad, la prefecta tenía 26 asesores, por lo que superó el límite permitido de diez fijos, como dispone la norma para la contratación. Además, observó que no constan los expedientes de las contrataciones, informes de viabilidad, autorizaciones del Ministerio de Trabajo.
Según la entidad de control, en los dos años, en la Prefectura se contrató a 110 personas con nombramientos de libre remoción y provisional, servicios ocasionales, profesionales, que le representó al estado USD 3,6 millones en salarios.
En la tercera auditoría en ejecución, el organismo verificará si el Gobierno de Pichincha acogió las recomendaciones, como la reducción de la nómina. Esto ocurrió antes que se conozca que Soledad Padilla, exasesora personal del exvicepresidente, Jorge Glas, trabajó en Prefectura entre 2019 y 2023, mientras se desempeñaba como asistente personal.
Si la Contraloría ratifica las irregularidades en las contrataciones, la Pabón podría ser sancionada hasta con la destitución del cargo.
La Prefectura de Pichincha respondió con un comunicado “ante publicaciones desactualizadas y no contrastadas” que han circulado en diferentes medios de comunicación, que mencionan los exámenes de la Contraloría.
Y aclaró:El informe de auditoría al que han referido comprende al periodo de gestión del 25 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2022 y fue aprobado el 8 de mayo de 2023.Como resultado se establecieron 10 recomendaciones sobre las que la máxima autoridad dispuso su inmediato cumplimiento y están actualmente aplicándose, conforme el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría.Las recomendaciones fueron de carácter administrativo para fortalecer la gestión del talento humano y ninguna determinó perjuicio económico así como tampoco responsabilidad penal.En la actualidad, la Contraloría ejecuta un examen especial de verificación de cumplimiento de recomendaciones, en el cual no se advierte observaciones.
