La Corte Constitucional (CC) ha confirmado la destitución de la funcionaria después de que la Contraloría General del Estado (CGE) enviara previamente el expediente con la destitución para que la CC se pronunciara sobre el cumplimiento del debido proceso y pudiera confirmar o rechazar la decisión del organismo de control.
En su fallo, la CC determinó que Santillán violó el procedimiento de verificación de su declaración de patrimonio.
Según la resolución, la alcaldesa habría tenido propiedad, ya sea directa o indirectamente, de bienes o activos en paraísos fiscales desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 28 de mayo de 2023.
De acuerdo con la Constitución de la República, todos los servidores públicos deben presentar sus declaraciones de patrimonio ante este organismo de control al comenzar y finalizar su gestión, o si han pasado dos años desde la última declaración.
Según la Ley Orgánica de Aplicación de la Consulta Popular de 2017, para “ocupar una dignidad de elección popular o ser servidor público, no se podrá tener bienes o activos de cualquier tipo en territorios considerados paraísos fiscales”. La ley establece la destitución como consecuencia para aquellos funcionarios que violen esta disposición.
En el caso de los funcionarios de elección popular, aquellos sujetos al control político, los jueces de la Corte Constitucional y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría debe enviar previamente el expediente de destitución a la Corte Constitucional para que se pronuncie al respecto.
