En medio de las investigaciones del magnicidio de Fernando Villavicencio, su viuda, Verónica Sarauz, confirmó a la prensa ecuatoriana que el teléfono de su esposo fue entregado al FBI, que colabora con las pericias para resolver el crimen que consternó al Ecuador y a la región el pasado 9 de agosto.
Según dijo Sarauz a diario La Hora, el teléfono de Villavicencio se entregó a los agentes federales porque no hay confianza en las instituciones ecuatorianas que llevan la investigación. En declaraciones pasadas, Christian Zurita, amigo de Villavicencio; y Sarauz se refirieron a la posibilidad de que, desde la Fiscalía u otras instituciones, se filtrara la información contenida en ese dispositivo poniendo en peligro a las fuentes que Villavicencio tenía y que le brindaban datos sobre los casos de corrupción de alto nivel que él investigaba.
Galo Valencia, uno de los parientes de Villavicencio, que intentó reemplazarlo a horas de su asesinato, dijo que una de las hijas del político había lanzado el celular de Villavicencio a un río de Cuenca, al sur del país. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Sarauz aclaran que la estrategia alrededor del dispositivo era entregarlo a una entidad externa que les brinde seguridad no solo al círculo cercano de Villavicencio sino también a sus fuentes.
El teléfono será examinado por el FBI y se entregará aquello que esté relacionado con el magnicidio. Esta información se dará a la Fiscalía, mientras que “el resto de la información, todos los casos que Fernando (Villavicencio) manejaba, casos emblemáticos de corrupción” se quedarán en manos de los agentes estadounidenses. Sarauz confía que la justicia de ese país se encargue de continuar con la investigación de esos casos “que también están ligados de una u otra forma a personajes que están en los Estados Unidos”, según contó la viuda del político.
“Sarauz señala que dentro de la instrucción fiscal del magnicidio ya se filtró información; por lo que el entregar el teléfono a Estados Unidos permite proteger las fuentes y las investigaciones que manejaba el también político y exasambleísta”, recogió el medio ecuatoriano.
La CIDH exigió medidas de seguridad para la viuda y los amigos más cercanos de Fernando Villavicencio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó las medidas cautelares a favor de los amigos más cercanos del político y amplió la protección a favor de Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, y de sus hijos.
El 20 de agosto, once días después del asesinato del expresidenciable, Christian Zurita obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión. Este 1 de noviembre la CIDH indicó que dicha protección se mantiene para Zurita; para la excandidata a vice, Andrea González Nader; para el exjefe de campaña Antonio López y para Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio.
Dentro de la nueva resolución también se incluyó a Sarauz y a sus hijos, pues el pasado 27 de septiembre, la seguridad de Sarauz alertó sobre un intento de ataque en Quito, cuando la mujer se movilizaba en un vehículo.
La CIDH decidió realizar cuatro solicitudes al Ecuador. La primera consiste en que el Estado continúe implementando las medidas de protección para Zurita, González, López y Figueroa. La segunda se refiere a reforzar las medidas para proteger la vida e integridad de Verónica Sarauz y sus tres hijos. La CIDH también pidió que las medidas que el Estado adoptará sean concertadas con las personas beneficiarias y su representación; y que el Ecuador informe las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
El magnicidio es un caso de interés para los Estados Unidos. A mediados de octubre, la embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un comunicado sobre las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, ex legislador y candidato a presidente en las actuales elecciones. En dicho texto, la Misión Diplomática de Estados Unidos expresó su deseo de trabajar con las fuerzas del orden ecuatorianas e intercambiar conocimientos aprendidos de las investigaciones globales sobre el crimen organizado.
La declaración enfatizó en la importancia de defender la legitimidad del sistema democrático y el estado de derecho y señaló cuan amenazados están los derechos de voto cuando un candidato presidencial es asesinado. Además, se señaló que los incidentes violentos relacionados con las elecciones representan un riesgo directo para la democracia del Ecuador.
