“Ya la 10/20 nos mandó a decir que si sale el juicio político se van enseguida presos Paola Pabón y Jorge Glas. Sin amilanarse, compañeros. Que juzgue el pueblo ecuatoriano en función de las pruebas y que sus representantes cumplan con su deber en la Asamblea”, posteó el expresidente Rafael Correa en su cuenta de X (antes Twitter).
Este es hasta ahora el único pronunciamiento que el exmandatario ha hecho para referirse a la solicitud de juicio político contra la fiscal Diana Salazar, presentada este lunes, 27 de noviembre, en la Asamblea Nacional por la legisladora correísta Gissela Garzón.
Por su parte, la fiscal Salazar no se ha referido a esta supuesta amenaza que está alertado el exmandatario y en sus redes sociales dijo que los correístas “pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron. Y, de nuevo, no lo lograrán: mi compromiso sigue siendo con la justicia”.
La Fiscalía General del Estado se pronunció también y aseguró que este proceso “carece de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización, y que se lo plantea como un acto que busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal”.
Garzón justificó su pedido en que la fiscal habría incurrido en un imcumplimiento de funciones y que “la crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea”.
En tanto, el pedido fue presentado con el respaldo de los 51 legisladores de la Revolución Ciudadana y ahora pasará a conocimiento del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien en un plazo máximo de cinco días pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Una vez conocido, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, la que remitirá dicho informe en el plazo máximo tres días.
Luego, el CAL, en un plazo máximo de diez días, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite.
Garzón sería la interpelante en caso de que prospere el juicio contra la fiscal. En su cuenta X posteó “que la crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional”. (I)
