De ser aprobadas las seis preguntas de consulta popular que propone el gobierno de Daniel Noboa, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio que de ellas se deriven deberán cumplir un conjunto de condiciones señaladas por la Corte Constitucional (CC).
La iniciativa de plebiscito de Daniel Noboa tuvo un dictamen parcial de favorabilidad de la Corte Constitucional, pues de diez preguntas, seis se aprobaron para ser llevadas a la consulta ciudadana.
De estas seis, cinco requerirán de cambios al COIP y a la Ley de Extinción de Dominio, para lo que el gobernante propuso enviar proyectos de ley que serán aprobados por la Asamblea Nacional.
De ser aprobadas las seis preguntas de consulta popular que propone el gobierno de Daniel Noboa, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio que de ellas se deriven deberán cumplir un conjunto de condiciones señaladas por la Corte Constitucional (CC).
La iniciativa de plebiscito de Daniel Noboa tuvo un dictamen parcial de favorabilidad de la Corte Constitucional, pues de diez preguntas, seis se aprobaron para ser llevadas a la consulta ciudadana.
De estas seis, cinco requerirán de cambios al COIP y a la Ley de Extinción de Dominio, para lo que el gobernante propuso enviar proyectos de ley que serán aprobados por la Asamblea Nacional.
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Las preguntas plantean incrementar las penas para diez delitos relacionados con el crimen organizado; que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de sus penas en las cárceles; que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía; que las armas, explosivos, municiones o accesorios que fueron usados en un delito puedan ser usados por la fuerza pública de inmediato.
Reformas a la Ley de Extinción de Dominio, para que el Estado pase a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado simplificando el procedimiento judicial.
En el caso de que tengan el respaldo del electorado y una vez que se publiquen los resultados en el Registro Oficial, el Ejecutivo enviará cinco días después los proyectos de ley para cumplir con lo propuesto y la Asamblea Nacional tendría 60 días para resolverlos.
Los jueces dieron paso a estos presupuestos, pero plasmaron sus reglas.
Una de ellas advierte a Daniel Noboa que tiene prohibido enviar cuerpos legales que no correspondan a lo que se sometió a la votación popular.
«Deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado esta Corte, quedando vedado incluir en estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de este organismo o que no fueran objeto de pronunciamiento, en el marco de la consulta planteada a los electores».
Sobre el incremento de penas para diez delitos, los textos tendrán que cumplir estándares constitucionales, legales y de convencionalidad relativos a la proporcionalidad en la gradación de penas, al principio de mínima intervención penal; y, a los fines que persigue el sistema penal ecuatoriano.
Además, el Gobierno deberá evaluar el hacinamiento de presos frente a la crítica situación del sistema de rehabilitación social; así como observar la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la CC para adoptar ese tipo de medidas.
Articulado a ese pedido, el fallo recuerda que los jueces «conservan la potestad de controlar de manera integral la constitucionalidad de las medidas normativas concretas que se adopten» y el mismo razonamiento se hizo para la Asamblea Nacional, cuando deba debatir lo que envíe el Ejecutivo.
La CC también aconsejó al mandatario que al usar el verbo «aprobar» en sus preguntas, «no implica, en modo alguno, que el Poder Legislativo deba aceptar, sin discusión alguna, los textos legales».
Para lo que, de llegar a tener los votos la consulta, se asegurará de que el Parlamento cuente con las etapas del procedimiento legislativo ordinario, como ser sometido a dos debates y ser aprobado por el quorum previsto en la ley.
Por otra parte, los magistrados dispusieron al jefe de Estado que para las preguntas 4, 5, 6, 7 y 9 deberá pedir de forma obligatoria al Consejo Nacional Electoral (CNE) que los textos de las preguntas y sus anexos sean unificados, se los presente seguidamente y no se los divida en diferentes papeletas.
«El organismo electoral deberá atender esta solicitud tomando en cuenta que dichas adecuaciones son necesarias para garantizar las cargas de claridad y lealtad con el elector».
La Corte Constitucional aún tiene pendiente el dictamen de control previo de constitucionalidad de los considerandos, las preguntas y los anexos de cuatro propuestas que fueron admitidas para ser tratadas por la vía de enmienda a la carta política.
La elaboración del proyecto de dictamen está a cargo de la jueza ponente Karla Andrade Quevedo, en el que se tratan temas como permitir la extradición de ecuatorianos; permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo sean de materia económica; que el mandatario pueda conceder indultos en el trámite de causas penales a los policías y militares cuando enfrenten cargos por delitos relacionados con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de incurrir en delitos.
Y crear judicaturas especializadas en materia constitucional, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales.
