La audiencia de formulación de cargos en el denominado caso Purga se desarrolló durante toda la madrugada de este martes, 5 de marzo de 2024. Eran las 03:08 cuando la fiscal General, Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva en contra de 11 de los 12 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.
La titular de la Fiscalía pidió arresto domiciliario solo para el juez Reinaldo C., por ser mayor de 65 años.
La audiencia inició a las 21:00 del lunes, 4 de marzo de 2024, y hasta las 05:00 de este martes todavía no concluía. Por más de ocho horas, la Fiscalía presentó todos los elementos y pruebas que tenía en contra de los acusados y formuló cargos.
El juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, fue el encargado de tramitar la diligencia. El magistrado a las 23:00 calificó las detenciones de todos los procesados y dijo que fueron legítimas.
Durante la diligencia, la Fiscalía dio detalles de la participación de cada uno de los detenidos. Inició sus intervención diciendo que este caso devela una estructura criminal que dominó el sistema de justicia en Guayas.
LOS CABECILLAS DE LA ESTRUCTURA
Dicha organización tendría tres cabecillas: el exasambleísta Pablo M. y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G.
El tercer cabecilla sería el juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas Johann M. Según la fiscal Salazar, este último tenían una relación cercana con el exlegislador Pablo M.
Bajo esta relación lo habría beneficiado de un fallo que ordenó al Banco del Pacífico registrar documentos de pago falsos en sus asientos contables para justificar la cancelación de una deuda que mantenía el exasambleísta junto a su esposa Mónica A, quien también está investigada.
LOS JUECES INVOLUCRADOS
Pero Johann M., no es el único juez involucrado en estos hechos. En total, la Fiscalía formuló cargos en contra de seis magistrados, incluidos Gloria G y Johann M.
Los otros jueces involucrados en el caso Purga son Nelson P, Ramos L., Henry T. y Guillermo V.,
Este último es juez de la Corte Provincial del Guayas. Según las investigaciones, este magistrado fue parte del Tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en una demanda de acción de protección con una medida cautelar presentada contra la empresa pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito.
Según la información fiscal, en este caso estaba en juego un contrato de alrededor de USD 30 millones por la repavimentación entre estas dos entidades.
Pero la acusación de la Fiscalía es grave. Según sus indagaciones, la exjueza Fabiola G. y el juez Guillermo V., junto al juez Henry T., revocaron una sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección del Cuerpo de Ingenieros. Esto a cambio de la remodelación del piso del Salón Presidencial de la Corte Provincial del Guayas.
Por este caso también fue procesada la procuradora del Cuerpo de Ingenieros, Ruth Catalina S.
