La reciente decisión del presidente Daniel Noboa de transferir el control de las cámaras de videovigilancia municipales al ECU 911, oficializada en el Decreto Ejecutivo 397, ha generado tensiones, especialmente en Guayaquil. La directora del ECU 911, Ana María Ayala, ha denunciado que el municipio bloqueó el acceso a 16.000 cámaras, dificultando la labor de seguridad pública. Por otro lado, Fernando Cornejo, presidente de Guayaquil Segura EP, asegura que el sistema sigue operativo y conectado.
Este conflicto refleja, más que un tema técnico, una lucha de poder entre el gobierno central y las autoridades municipales. La seguridad pública no puede ser el centro de disputas políticas. La transferencia de las cámaras al ECU 911 busca centralizar y mejorar la coordinación en emergencias, un punto crítico en un país con altos índices de delincuencia. Sin embargo, para que funcione, debe haber una verdadera colaboración entre las partes.
El bienestar de los ciudadanos está en juego. Es necesario que los gobiernos locales y nacionales dejen de lado sus diferencias y trabajen en conjunto para que los sistemas de videovigilancia funcionen eficazmente. No se trata de quién tiene el control, sino de quién puede garantizar la seguridad de los ciudadanos.
