La comparecencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, ante la Comisión de Fiscalización el 30 de septiembre, puso en evidencia una profunda división política e irregularidades dentro del proceso de juicio político en su contra. Palencia no solo sorprendió con su llegada, criticando las inconstitucionalidades del juicio, sino que también cuestionó la unificación de su caso con el de la asambleísta Paola Cabezas, lo cual considera sin conexión.
Su defensa se centró en señalar que la inclusión de nueva prueba, como el testimonio de José Serrano, vulnera su derecho a una defensa adecuada. El enfrentamiento con Leonardo Berrezueta, uno de sus principales acusadores, escaló a nivel personal, con Palencia acusándolo de machismo.
Este juicio no parece centrarse únicamente en la actuación de Palencia como ministra, sino que refleja una lucha entre facciones políticas, donde los intereses van más allá del ámbito legal. El uso de acusaciones graves como la supuesta complicidad de policías con el narcotráfico añade una capa de tensión que podría tener repercusiones en la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad del país.
