El fracaso del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, refleja la falta de consenso en la Asamblea Nacional para sancionarla. A pesar de los esfuerzos de los interpelantes de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas y Leonardo Berrezueta, la moción no alcanzó los 92 votos requeridos, logrando solo 77, con 16 abstenciones y 40 votos en contra.
Cabezas, quien presentó la moción, había advertido en declaraciones previas que si no se lograba la censura y destitución de Palencia, ella preferiría irse a su casa, una afirmación que sonaba a premonición de la posibilidad de que el juicio no prosperara. Esta declaración reflejaba la frustración de Cabezas con el manejo del tema de la seguridad por parte del gobierno, acusando a la ministra de incumplir sus funciones ante la creciente crisis de violencia en el país.
Este proceso también expone la incapacidad del bloque opositor para articular mayorías sólidas en temas críticos, ya que en una sesión previa del 17 de octubre se habían logrado 89 votos para continuar con el juicio, pero la votación final demostró un debilitamiento en su apoyo.
La derrota de esta moción es un alivio temporal para el gobierno del presidente Daniel Noboa, aunque también deja la puerta abierta para futuras interpelaciones en un ambiente político cada vez más fragmentado. El país sigue exigiendo que, más allá de las pugnas políticas, se tomen acciones concretas para combatir la inseguridad y la violencia, que fue el principal motivo detrás del juicio.
Las palabras de Cabezas, aunque no culminaron en una renuncia, reflejan la frustración y la falta de resultados en el esfuerzo por censurar a la ministra. Este fracaso, más allá de su impacto político, refuerza la necesidad urgente de enfrentar de manera efectiva los problemas de seguridad que aquejan a la nación.
