La resolución aprobada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre los servicios de telefonía e internet es una demanda justa para muchos ecuatorianos, quienes han enfrentado fallas constantes y notorias en sus servicios durante la crisis energética. La queja es comprensible: los ciudadanos están pagando el mismo valor por un servicio interrumpido y deficiente, sin que las empresas hayan ofrecido algún tipo de compensación. Esto ha generado malestar y frustración, visibles en redes sociales, donde se pide a las operadoras asumir su responsabilidad y responder a la situación.
Sin embargo, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) parece ver las fallas como inevitables. Su argumento es que los apagones superan las capacidades técnicas de sus sistemas, aunque no se mencionan compensaciones para los clientes. Las compañías alegan que han reforzado el respaldo energético, pero que los esfuerzos no son suficientes ante el nivel de crisis actual. Es decir, los usuarios deben resignarse.
Es alentador que la Defensoría del Pueblo haya recogido el sentir de la ciudadanía y que se espere un pronunciamiento. Sin embargo, la falta de denuncias formales podría limitar la efectividad de cualquier acción. Esto plantea la necesidad de una revisión seria de las tarifas y una estrategia que considere la continuidad y calidad de los servicios en situaciones críticas. Las operadoras, al estar en medio de negociaciones para extender su permanencia en Ecuador hasta el 2039, deben entender que su relación con el país también se basa en la confianza y el cumplimiento de los derechos del consumidor.
