A tres meses de las elecciones en las que Daniel Noboa busca renovar su mandato, el desplazamiento de la vicepresidenta Verónica Abad del gobierno revela una tensión interna que parece inminente desde hace meses. La suspensión temporal de Abad por un trámite diplomático y la designación de Sariha Moya como “vicepresidenta encargada” son medidas que, a simple vista, parecen técnicas, pero que en realidad tienen un claro trasfondo político.
Es evidente que esta decisión se da en un contexto electoral clave. Con Noboa por iniciar su campaña y tener que dejar su puesto temporalmente, Abad asumiría como presidenta interina, algo que el mandatario claramente no desea. En respuesta, Abad denuncia una “grosera violación” a la Constitución. Y no le falta razón: desplazar a un funcionario elegido por voto popular mediante un proceso administrativo suena más a estrategia que a cumplimiento de la ley.
Por otro lado, mientras estas tensiones internas se desarrollan, la situación energética de Ecuador empeora drásticamente. A partir de esta semana, el gobierno ha extendido los cortes de electricidad a casi doce horas diarias en varias zonas del país, debido a una sequía que sigue afectando a las hidroeléctricas. La prioridad, en palabras de Noboa, es buscar soluciones en Colombia, donde ha enviado a Arturo Félix Wong para gestionar la compra de energía. Sin embargo, el cambio constante de ministros ahora José De La Gasca es el cuarto titular de Gobierno en poco más de un año, evidencia la inestabilidad y falta de dirección en un momento crítico.
En este panorama, se hace claro que la administración de Noboa enfrenta dos crisis al mismo tiempo: la interna, con una disputa que afecta su imagen de cara a las elecciones, y la externa, con una crisis energética que exige medidas firmes y soluciones de largo plazo. Con la confianza pública en juego, el presidente no puede permitirse decisiones que se interpreten como jugadas políticas o improvisadas en uno de los momentos más delicados de su gestión.
