La reciente suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por el Ministerio de Trabajo ha escalado en un conflicto institucional y político de gran envergadura. La Asamblea Nacional, con 86 votos a favor, condenó la medida, tachándola de “ilegal e inconstitucional” y llamó a comparecer a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ante el Pleno. Al margen de la disputa entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa, que afecta al Ejecutivo, el Parlamento tomó postura y buscará una revisión de la Corte Constitucional.
El caso no solo plantea dudas sobre la legalidad de la suspensión, sino que evidencia tensiones políticas y el riesgo de un quiebre institucional. El discurso de Abad desde Turquía, en el que denunció persecución política y cuestionó la falta de pruebas en su contra, resonó con el apoyo de la Revolución Ciudadana, mientras otros asambleístas instaron a investigar las acusaciones sobre su presunto vínculo financiero con paraísos fiscales.
En contraste, la bancada oficialista insiste en que el conflicto responde a intereses políticos y ambiciones de poder. Valentina Centeno acusó a Abad de intentar un “golpe” al Gobierno con el respaldo de la oposición. Este cruce de posturas muestra la polarización que amenaza con desestabilizar el país en medio de una crisis ya compleja.
Como país, no podemos permitir que disputas personales en la Función Ejecutiva deriven en una crisis institucional. Este es un momento de decisiones sensatas y de unidad para asegurar el Estado de derecho y la estabilidad de Ecuador. En este caso, corresponde a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y a la sociedad misma exigir transparencia y poner un alto a los intereses de poder que hoy dañan las bases de nuestra democracia.
