La reciente reforma al reglamento de la Ley de Comunicación, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, marca un cambio significativo en el panorama mediático del país. Con el Decreto Ejecutivo 461, se permite la inversión extranjera en medios nacionales, siempre que los inversionistas provengan de países con acuerdos comerciales con Ecuador. Esto incluye la posibilidad de que participen en procesos públicos para la asignación de frecuencias, que arrancarán en diciembre.
Este movimiento plantea preguntas importantes. Por un lado, el Gobierno sostiene que la medida fomentará la competitividad y la productividad en el sector, atrayendo proyectos e inversiones que podrían revitalizar la industria mediática. Pero, por otro lado, abre el debate sobre la influencia extranjera en un ámbito tan delicado como la comunicación, que juega un rol esencial en la formación de opinión pública y el fortalecimiento democrático.
Aunque la promesa de desarrollo suena atractiva, el riesgo de concentración de medios o de agendas externas debe ser vigilado de cerca. La transparencia en el concurso de frecuencias anunciado por Arcotel será clave para garantizar que el acceso sea verdaderamente equitativo y beneficie tanto a medios comunitarios como privados.
En este escenario, el país debe encontrar un equilibrio entre la apertura económica y la protección de su soberanía comunicacional. Pero ¿Estamos listos para ello?.
