La Asamblea Nacional de Venezuela planea aprobar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que establece sanciones severas para ciudadanos que respalden sanciones, bloqueos o cualquier acción extranjera contra el país.
La norma incluye penas de inhabilitación política de hasta 30 años y confiscación de bienes bajo la Ley de Extensión de Dominio, lo que algunos críticos consideran inconstitucional. Además, este proyecto surge en respuesta a la “Ley Bolívar” aprobada en la Cámara de Representantes de EE. UU., que busca limitar relaciones comerciales con el Gobierno venezolano.
La aprobación de esta ley en el Senado podría impactar directamente operaciones de empresas como Chevron.
Mientras el Gobierno venezolano defiende la ley como un acto de soberanía, sectores opositores la califican como una herramienta para silenciar disidencias. El debate también ha escalado tras las críticas de María Corina Machado, quien enfrenta acusaciones de traición a la patria.
La legislación estadounidense permite transacciones con fines humanitarios, pero limita cualquier contrato directo con el régimen de Nicolás Maduro, intensificando las tensiones entre ambas naciones.
