La decisión del presidente Daniel Noboa de proponer una reforma parcial a la Constitución para eliminar el financiamiento público a campañas políticas es un paso audaz que apunta a optimizar los recursos del Estado en áreas críticas como salud, educación y seguridad. Este enfoque, avalado por la Corte Constitucional, refleja una intención de priorizar las necesidades ciudadanas frente a gastos que, en ocasiones, han sido cuestionados por su eficiencia.
Sin embargo, el desafío no es menor. Noboa enfrenta una Asamblea Nacional donde no cuenta con mayoría, lo que complica la aprobación del proyecto. La propuesta es clara: que los partidos políticos se financien con aportes privados y que el Estado garantice equidad en la promoción electoral a través de los medios, sin permitir el uso de recursos públicos o gubernamentales en campañas. Esto podría equilibrar la competencia política y prevenir el mal uso de fondos estatales.
La pregunta clave es si la Asamblea, en su dinámica política, estará a la altura de tramitar esta reforma con responsabilidad, priorizando el interés ciudadano sobre las conveniencias partidistas. Si se aprueba, el referendo será un espacio donde los ecuatorianos podrán decidir si desean un cambio que podría transformar el sistema electoral, exigiendo a los políticos mayor conexión y respaldo de sus bases.
Este es un momento crucial para replantear el uso de los recursos públicos. Aunque existen riesgos, como la influencia desmedida de grandes aportantes privados en las campañas, el objetivo de redirigir fondos hacia necesidades prioritarias es legítimo y urgente. Noboa ha puesto el balón en la cancha del Parlamento y, eventualmente, de la ciudadanía. ¿Responderemos con la seriedad que el tema merece?
