En su primer año de funcionamiento, la Asamblea Nacional transitoria ha aprobado 33 leyes, pero apenas dos están enfocadas en la crisis energética, que es uno de los mayores problemas del país. A pesar de que la oposición afirma que el Gobierno tiene todas las herramientas necesarias para enfrentar la crisis, la realidad es que las normativas aprobadas no parecen suficientes para cubrir el déficit de 1.200 megavatios que afecta al país. La Ley de Competitividad Energética aprobada en enero y la reciente ley para incentivar la generación privada de energía son avances, pero su impacto aún es incierto. Además, la última normativa ha generado críticas, especialmente porque podría limitar la importación de gas natural, un insumo clave para la industria. En materia de seguridad, la Asamblea ha sido más activa, aprobando ocho leyes que abarcan desde la prevención de riesgos hasta el endurecimiento de penas para ciertos delitos. Sin embargo, a pesar de estas normas y otras medidas del Gobierno, la percepción de inseguridad sigue empeorando. Según el Índice Gallup de Seguridad Pública, solo el 27% de los ecuatorianos se sienten seguros caminando de noche, el nivel más bajo en América Latina. En el área económica, la Asamblea aprobó varias leyes importantes a inicios del año. Sin embargo, la relación con el Ejecutivo se deterioró rápidamente, afectando el proceso legislativo. Por ejemplo, la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo se aprobó sin problemas, pero luego comenzaron los conflictos. En mayo, una enmienda constitucional que facilita la ratificación de textos vetados por el presidente profundizó la tensión. Desde entonces, el Gobierno ha vetado siete leyes, dejando muchas en el limbo. El presidente Noboa ha criticado duramente la calidad de algunos proyectos aprobados por la Asamblea, señalando errores y contradicciones que comprometen su ejecución, como en el caso de la Ley de Cultura. Estas tensiones políticas dejan al país con una Asamblea productiva en cantidad, pero desconectada de las necesidades reales y, peor aún, en constante choque con el Ejecutivo. La falta de coordinación entre ambas funciones afecta la eficacia de las leyes y limita la capacidad de resolver los problemas críticos del país, como la inseguridad y la crisis energética.
