La propuesta del presidente Daniel Noboa de sacar a los presos de los grupos de atención prioritaria en la Constitución es una medida audaz que busca corregir una asignación de recursos que muchos consideran inadecuada. Actualmente, estos grupos incluyen, entre otros, a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con discapacidades o enfermedades graves. Incluir a los presos en esta lista ha sido polémico, y Noboa argumenta que la prioridad debe estar con quienes verdaderamente necesitan el apoyo del Estado. La reforma apunta a los artículos 35 y 51 de la Constitución, los cuales aseguran atención prioritaria y recursos para los presos, incluyendo cuidados de salud especializados en cárceles. Noboa defiende que en un contexto de crisis y limitaciones de recursos, priorizar de forma adecuada es un tema de justicia social. Esto no significa ignorar los derechos de los reclusos, sino reorientar la atención hacia sectores con necesidades urgentes que afectan a la ciudadanía en general. Hoy más que nunca, cuando Ecuador atraviesa problemas de inseguridad y limitación de recursos, el Estado debe priorizar inteligentemente el gasto público. Esta decisión no deja desprotegidos a los presos, pero propone redistribuir el apoyo hacia quienes, sin haber infringido la ley, necesitan ayuda para acceder a salud y educación. La medida no es una penalización adicional para los privados de libertad, sino un ajuste a las prioridades en atención pública. En definitiva, Noboa da un paso hacia una administración de recursos más equitativa para todos los ecuatorianos.
