El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que modifica las reglas del juego en la contratación pública y el servicio estatal. El nuevo reglamento a la Ley de Integridad introduce cambios que afectan desde la forma en que se despide a los empleados públicos hasta las normas del SERCOP, desatando reacciones dentro del sector público.
Entre las reformas más polémicas está la posibilidad de ajustar el monto de indemnización por despido, una medida que ha generado preocupación en los sindicatos. Además, el reglamento abarca sectores clave como la Contraloría, el turismo, la economía popular y el sistema financiero solidario, consolidando un control más amplio del Ejecutivo sobre la gestión pública.